La GPL dentro del ordenamiento jurídico español

María de la Hoz del Olmo Navío <delolmo@prontomail.com> ^{∗}^{†} Abogada

Julio 2000

Esta ponencia forma parte del III Congreso Hispalinux^{1} virtual, celebrado en

Noviembre de 2000. Puedes participar en él en la sección de eventos de BarraPunto^{2}

Resumen

En la presente comunicación revisamos la GNU/GPL traducida al idioma español por Jesús M. González Barahona y Pedro de las Heras Quirós, a la luz del ordenamiento jurídico español y analizamos su posible reconocimiento y posterior aplicabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Al amparo de lo recogido en la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Patentes se reconoce una aplicabilidad ampliada a dicha licencia y se abre la posibilidad de su utilización general siempre apreciando los posibles inconvenientes y marcando como principal inconveniente y mayor beneficio la voluntad del autor o autores de cada programa que se pretenda liberar.

1 ¿Para qué una licencia? ¿Para qué una Licencia Pública General?

Vender un ordenador no es igual que la venta de cualquier otro bien tangible, como por ejemplo, una lavadora . En un primer momento la venta de un ordenador en poco o nada se diferenciaba de la venta de una lavadora: los programas iban conjunta e inseparablemente con la máquina y solo se vendían con ella. Hoy día, la parte incorpórea (programa de ordenador) se ha diferenciado de la parte tangible (hardware) y ambas se comercializan por separado. Debemos tener presente que algo no ha cambiado: no se nos vende el software, sino que se nos cede su uso.

∗Gracias a Iñigo González y a Nuria López; por distintos motivos, gracias.

†Copyright \begin{matrix}c \\ ◯ \end{matrix}2000 María de la Hoz del Olmo Navío Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; whith no invariant sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in http://www.gnu.org/copyleft/fdl.txt .

1http://congreso.hispalinux.es

2http://barrapunto.com/eventos

Una licencia de un programa no es mas que la cesión del uso no exclusivo de esa versión del programa que licenciamos a una persona ya sea física o jurídica para uso personal o para lucrarse mediante ese uso que hemos cedido (art. 99 Ley de Propiedad Intelectual ^{3} ). Quien cede el uso es el autor del programa o quien tiene la titularidad de los derechos sobre el mismo, en caso de que fueran dos personas distintas.

Cedemos con la licencia el derecho de uso no exclusivo del programa que hemos realizado y autorizamos que se instale en un ordenador o red, y a hacer una única copia llamada de back-up. Sin embargo, los derechos que nos asisten en el ámbito de la propiedad intelectual, en este caso un programa de ordenador son muchos mas: derecho a distribuirlo, a copiarlo tantas veces como se desee, a modificarlo según nuestro gusto o nuestras necesidades, a venderlo, a no venderlo, a no modificarlo, a cederlo en exclusiva, a no cederlo a nadie ...

Con la licencia, no renunciamos a la titularidad del programa, ni a venderlo a quien queramos, ni a modificarlo, ni a todos los derechos que tenemos por el mero hecho de ser autores del programa, ya que es una cesión de uso no exclusivo. Al licenciar el programa con el modelo de licencia GPL, lo que hacemos es ceder el uso, autorizar la posibilidad de una copia de seguridad o back-up, la instalación del programa en un ordenador o red, y autorizamos su modificación, distribución, y copia sin limitaciones pero bajo unas determinadas condiciones, que son: debemos avisar que ese programa y sus modificaciones, si las hay, se distribuyen bajo GPL; facilitaremos siempre una copia de la licencia GPL junto con la copia o modificación del programa; y ofreceremos acceso al código fuente de los mismos, aun cuando esta posibilidad tenga un plazo de caducidad. Éstas condiciones son de obligado cumplimiento siempre, tanto si facilitamos el código fuente como si lo que facilitamos es el ejecutable del programa.

Pero no perdemos los derechos derivados de su autoría o titularidad, solo se diluyen algunos de los derechos que tenemos sobre nuestra creación al distribuirla bajo GPL.

2 Cómo introducir la GPL en el ordenamiento jurídico español

Para que la GPL sea utilizable dentro del ámbito del ordenamiento jurídico español, debemos ver primero si las leyes españolas contemplan o no prohiben expresamente actos o negocios jurídicos similares o iguales al acto que refleja la GPL que supone mantener una parte de los derechos que se tienen por el mero hecho de ser autor de un programa, diluyendo el resto en beneficio de terceros.

2.1 Precauciones

2.1.1 Divergencias entre el Derecho Continental y el Anglosajón.

En primer lugar debemos tener en cuenta que la GPL se ha realizado a la luz de un derecho cuya base es completamente distinta a la del derecho continental, familia del derecho en la que se incardina el derecho español. El derecho americano pertenece a la familia del llamado derecho anglosajón, cuya base principal de solución de controversias es la jurisprudencia (sentencias recaídas en casos similares examinando interpretaciones de la ley dictada en su día sobre el tema); el derecho continental, por contra, se basa en la ley como principal base de solución de las mismas, interpretando en cada caso la ley, aunque se revisan sentencias recaídas en casos similares como orientación.

3Aquí distinguimos la licencia para una persona física (un particular) de , por ejemplo, un procesador de textos que lo usará para asuntos personales y la licencia para una persona jurídica (v.g. un despacho de abogados) que lo usará pata lucrarse; ambas licencias contendrán las mismas condiciones para los dos casos.

2.1.2 ¿Es la GPL solo para programas patentables?

En la GPL se habla principalmente de la protección de los programas de ordenador referida a su patentabilidad, como casi única posible protección de los programas de ordenador o posible amenaza al resultado perseguido por la GPL. En España los programas de ordenador por sí mismos no son objeto de patente, y al dar la GPL por supuesto todo lo referido a propiedad intelectual, produce una interpretación equívoca de la misma. Es decir, al establecer una comparativa de la GPL con el ordenamiento español caben dos interpretaciones:

• Que esta licencia solo puede usarse cuando un programa sea parte de una patente.

• Que, atendiendo al espíritu de la GPL, admite que el ordenamiento español amplíe su ámbito de aplicación no sólo recogiendo la posible patentabilidad de un programa de ordenador, sino llamando a ser parte de ella a la legislación sobre propiedad intelectual.

Personalmente, me inclino por la segunda opción en la que basaré mi exposición.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que la protección dada a los programas de ordenador en Estados Unidos no se configura de igual manera que en España, debemos actuar con precaución y comparar dicha licencia con nuestra legislación.

2.2 Punto de entrada: Libro I, Título 7^{o} de la Ley de Propiedad Intelectual.

El primer punto de reconocimiento de la posibilidad de protección de los programas de ordenador y de los derechos que se tienen por el mero hecho de su autoría es la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que, en su Libro I, Título 7^{o}, nos habla de la protección que se otorga en dicha ley a los programas de ordenador, configurándolos previamente en su artículo 10.2 i) como objeto de propiedad intelectual. Los programas de ordenador son objeto de protección de dicha ley sin perjuicio de la protección dada por otras no específicas que veremos más adelante.

Para la LPI, un programa de ordenador es “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación” (art. 96.1 LPI) y amplía la protección que ofrece al programa de ordenador a la documentación preparatoria y a su documentación técnica y manuales de uso; por contra, la GPL solo define el código fuente, y se refiere a trabajos basados en el programa. Como podemos ver, la LPI amplía notablemente la protección de los programas de ordenador que se deseen distribuir bajo GPL.

Con la LPI se protege la autoría de los programas originales de ordenador, tanto si se han registrado como si no, ya que en su artículo 1 se declara como único hecho generador de la propiedad intelectual la creación de la obra y en su artículo 2 se define a grandes rasgos el contenido de la propiedad intelectual como integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que le confieren al autor plena disposición sobre su obra sin requerir en ningún momento que dicha obra se encuentre registrada.

El único y notable problema que se nos plantea al defender derechos sobre un programa no registrado es la demostración fehaciente de la autoría del mismo por parte de quien desee defenderlos frente a terceros o impugnar un registro a nombre de otra persona que no sea realmente el autor.

Cuando la LPI nos habla de programas originales hace referencia al sentido de que sean “una creación intelectual propia de su autor” (art. 96.2 LPI). Es decir, que sea innovadora y no sea propiedad de nadie. Protege esta ley los programas de ordenador sin preferir una forma de expresión sobre otras, acoge bajo su ámbito de protección a las posteriores versiones del mismo y a los programas llamados derivados (art. 96.3 LPI ).

Entre los derechos y facultades de que se goza según la LPI por el mero hecho de la autoría de un programa de ordenador en virtud de lo recogido en el artículo 97 LPI, se encuentran el derecho de realizar o de autorizar la reproducción total o parcial del mismo ya sea de manera permanente o temporal; la traducción, adaptación, arreglo o cualquier transformación del programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales operaciones, sin perjuicio de los derechos de la persona que las lleve a cabo; la distribución pública incluyendo el alquiler del original o copias del programa (art. 99 LPI). Por lo que en dicho artículo se declara, la GPL es válida, al permitir para lo que según el mismo se necesita autorización . En cuanto a la restricción de derechos de distribución de las copias de programas de ordenador en la UE recogida en el art 99 c) párrafo último LPI referida a la primera venta, hay que tener en cuenta que tiende a que el titular de los derechos sobre ellos no venda varias veces la misma copia, evitando así que se vulneren los principios básicos de la compraventa cuya primera referencia la encontramos recogida en la Ley de las Doce Tablas.

Estos derechos tienen unos límites, que se reflejan en el artículo 100 LPI, por lo que las acciones recogidas en aquellos no necesitan autorización del titular salvo que exista alguna disposición contractual en contrario. Entre estos límites se encuentra la reproducción o transformación del programa incluyendo la corrección de errores cuando ésto sea necesario para la utilización del mismo por el usuario legítimo (licenciado); quien está también facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento para determinar las ideas y principios implícitos en el programa siempre durante cualquiera de las operaciones que tiene derecho a hacer en virtud del artículo 100 LPI. No se necesita tampoco la autorización del titular del derecho para la traducción y reproducción del código cuando sean indispensables para conseguir la interoperabilidad del mismo con otros programas de los que es independiente, siempre que se lleven a cabo por el usuario legítimo, que la información necesaria para ello no haya sido puesta previamente a su disposición, y que las modificaciones se haga solo en las partes del programa original imprescindibles para conseguir la interoperabilidad.

Pero existen las exigencias de que la información obtenida por el medio mencionado se utilice únicamente para obtener la interoperabilidad de dicho programa con otros de los que sea independiente, solo se ponga en conocimiento de terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa con otros creados de forma independiente, y no se utilice la información así obtenida para infringir los derechos de autor. En el caso de la realización de la copia de seguridad, no es posible impedir la misma por contrato.

Las excepciones del artículo 100.5 y 6 LPI a los derechos recogidos en el artículo 99 LPI, nunca podrán interpretarse de forma que perjudiquen los derechos e intereses del titular o sean contrarios a una explotación normal de un programa. Lo claro es que si el autor autoriza una modificación es conocedor las líneas generales de la misma, y está en su mano denegar dicha autorización. En cualquier caso, si se pretende liberar el software, que otros lo modifiquen no entra en el posible perjuicio a los intereses del autor, ya que es contrario al espíritu de la letra de la licencia GPL, licencia que el mismo autor oferta al usuario.

A los llamados derechos de explotación específicos se suman los llamados derechos morales (personales) y de explotación generales (patrimoniales) recogidos en el artículo 14 LPI. Dicho artículo enumera estos derechos morales como propios de los autores de las obras literarias, artísticas, y científicas. Los programas de ordenador se ven acogidos en este mismo artículo en virtud del contenido del artículo 95 de la misma Ley. Los derechos morales de todo autor se refieren a la decisión sobre la divulgación o no de su obra y, en caso de decidir positivamente sobre el asunto cómo ha de ser divulgada: si se divulga con su nombre, bajo seudónimo o signo, o bien de forma anónima.

También recogen estos derechos la posibilidad de exigir el reconocimiento de su condición de autor, a exigir el respeto a la integridad de la obra, impedir deformaciones, modificaciones, o alteraciones que supongan un perjuicio a sus intereses o menoscaben su reputación. Aquí cabe resaltar que estos derechos no se defienden de oficio, si no que es necesario que el interesado los defienda en caso de verse perjudicado en ellos ^{4}.

Otro grupo de derechos morales son los que se ejercitan directamente sobre la obra como es el derecho a modificarla, respetando los derechos adquiridos por terceros; a retirar dicha obra del comercio indemnizando a quienes se concediera la distribución del mismo, y a acceder al ejemplar raro o único de dicha obra para ejercitar los derechos de distribución que le correspondan.

Estos derechos son irrenunciables e inalienables (art.14 LPI); con ésta declaración, el legislador ha querido dar una mayor protección a estos derechos sobre los demás y diferenciarlos de alguna manera de los derechos de explotación ya que en ellos aun no interviene la parte económica de los mismos. Esto hace que no puedan ser objeto de enajenación ni de renuncia por parte de su titular, que en éste caso es el autor del programa. Pero sí puede permitir a otros que realicen actividades de modificación, sin renunciar el autor a la posibilidad de modificar su programa, y siempre que los autorizados a modificarlo no realicen alteraciones del mismo que supongan un perjuicio a los intereses del autor o que menoscaben su reputación.

4El interesado puede haber fallecido nombrando a alguien para la defensa de éstos intereses; en caso contrario pueden ejercitar dicha defensa sus causahabientes, y, en caso de no existir éstos o encontrarse en paradero desconocido, están legitimados para ejercitar dicha defensa el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural.

Junto a los derechos llamados morales, existen los derechos de explotación (arts. 17 a 21 LPI) que son los que se refieren a la “reproducción, distribución, comunicación pública y transformación” en exclusiva por parte del autor, que no podrán ser llevadas a cabo sin autorización del autor, salvo en aquellos casos en que la Ley lo permita. Estos derechos se reconocen como independientes entre sí, por lo que el autor puede ceder unos y reservarse otros.

Entre aquellos que se ceden nada indica que no pueda ceder derechos tales como la modificación o la transformación, siempre dentro del marco creado por los arts 14 y 99 LPI.

La LPI, en su art. 101, declara como objeto de protección registral los derechos sobre los programas de ordenador incluyendo también sus versiones y programas derivados, por lo que son también objeto de inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual. También abre la posibilidad de que partes de los programas sean susceptibles de consulta pública.

Tanto la LPI como la GPL no prohiben en ninguno de sus puntos que se venda el llamado software libre, ya que la misma LPI permite expresamente la venta y la GPL no da a entender que el programa tenga que cederse de manera gratuita, aunque lo plantee como una opción. Puede existir lucro en la distribución de software libre, ya que, al contrario de lo que se piensa, y como bien recoge la GPL, la libertad no es de precio, sino de las posibilidades de modificación, distribución, etc.

3 ¿Qué ocurre con las patentes? ¿Y los modelos de utilidad?

En la GPL se nombran con frecuencia las patentes; debemos tener en cuenta que en el ámbito de derecho en el que se ha creado la GPL, los programas de ordenador son objeto de patente por sí mismos. Nuestra Ley de Patentes (LP), en su art. 4.2.c) deja claro que un programa de ordenador no puede ser objeto de patente por sí mismo y en su art. 4.3 LP declara que no son objeto de patente en la medida en que el objeto de la misma esté conformado únicamente por el programa de ordenador. Pero sí se le reconoce la misma protección al programa de ordenador que las patentes y los modelos de utilidad en unos determinados casos y con unas de terminadas condiciones (art. 3.2 y 96.3 párrafo último LPI).

Una patente es “una invención nueva que implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial” (art. 4.1 LP). Es decir, el objeto de una patente ha de ser algo tangible, aunque también puede tener partes intangibles; éstas últimas pueden se programas de ordenador. Por esto mismo, y solo en estos casos, un programa de ordenador gozará de la misma protección que la patente de la que es parte integrante.

El caso de un modelo de utilidad no es muy diferente. Según el artículo 143 LP un modelo de utilidad es una invención que, es nueva e implica “una actividad inventiva consistente en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso y fabricación” de lo que deducimos que un modelo de utilidad ha de ser algo tangible, aunque pueda tener partes intangibles como programas de ordenador que gozarán aquí también de la misma protección que se le confiera al modelo de utilidad del que son parte.

Tanto en el caso de programas de ordenador que formen parte de patentes como de modelos de utilidad, la LPI reconoce la protección de que gozan por ser objeto de propiedad intelectual sin perjuicio de la que pudieran tener por ser también objeto de propiedad industrial (art. 96.3 párrafo último LPI).

Pero, si un programa de ordenador ya es propiedad de una persona o es de dominio público, no puede registrarse como parte de una patente o modelo de utilidad ya que les falta el requisito ineludible de la innovación, requisito que se pierde al ser propiedad intelectual o dominio público y que es principal para acceder a la propiedad industrial. Ni tampoco puede se registrado a nombre de otra persona en el registro de la Propiedad Intelectual, salvo que dicha inscripción se impugnase y dicha impugnación prosperase.

4 ¿Qué ocurre con la Garantía?

La GPL dice claramente que no se da garantía por los programas de software libre; pero plantea la posibilidad de que se ofrezca una garantía por la que se pida una contraprestación. Hay que decir que aquí se habla más de un servicio técnico que de una indemnización por daños y que una cosa es la garantía en cuanto a servicio técnico de reparaciones y otra la garantía tal como se entiende en la Ley; aunque esta última pueda incluir una reparación o revisión técnica en un momento dado. Es decir, a lo que se refiere la GPL con ésto es a lo que entendemos por servicio técnico gratuito por un tiempo determinado.

La Ley de Consumidores y Usuarios (LCU), en su art. 25 dice “El consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que..la utilización de productos o servicios” les produzcan “salvo que aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deban responder civilmente” .Este artículo llama al Código Civil (Cc); en concreto a los arts 1101, 1902 y 1903 Cc que recogen, al igual que éste artículo de la LCU, la necesidad de reparar el daño causado mediando culpa, y añaden la negligencia y el dolo como causas del perjuicio al usuario o consumidor. Además de la inobservancia de las obligaciones que se contraen por el hecho de ser vendedor o distribuidor de un producto.

En éstos casos, aquel a quien cedemos el derecho de uso no exclusivo de nuestro programa de ordenador es un usuario según la LCU. Al sufrir un daño mediando por nuestra parte culpa, dolo o negligencia como cedentes del programa estamos en la obligación de resarcir ese daño sufrido tanto mas si le cedemos el uso del programa a cambio de una contraprestación. Aunque el primer caso se configura como discutible al recoger la LCU en su art. 27 como responsables de la idoneidad, origen, e identidad del producto de acuerdo con su naturaleza y las normas que lo regulan a quienes se lucran de alguna manera con el producto ( fabricante, importador, vendedor o suministrador del programa).

En cualquier caso, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Cc, tanto si existe lucro como si éste es inexistente debemos indemnizar por los daños causados siempre que exista por nuestra parte dolo, culpa o negligencia o se contravengan las obligaciones que se tengan en la venta o distribución. Ahora bien, la existencia de cualquiera de estos tres primeros aspectos es algo que ha de probar quien nos reclama y dicha prueba es, en muchos casos, casi imposible.

• Existe dolo cuando quien causa el daño es consciente de ello y aun así, realiza la acción que provoca dicho daño.

• Aparece culpa cuando existe responsabilidad por el resultado producido, en éste caso el daño. Es contractual cuando existe contrato entre las partes (reclamante y reclamado); y el reclamante es quien debe demostrar que el daño es originado por el objeto del contrato (generalmente de compraventa). La culpa extracontractual surge cuando existe delito o falta, se demuestra que el daño es originado por el programa, y quien lo vende o distribuye es quien ha de responder por dichos daños.

• Y la negligencia se configura como una falta general de la diligencia requerida para la venta o distribución del programa y de sus indicaciones para el uso normal. El cuarto requisito es un poco mas sencillo de probar acudiendo a las normas, la licencia, y lo que realmente se ha llevado a cabo por parte del vendedor o distribuidor.

La indemnización recogida en la LCU viene referida en el art.29 a la culpa contractual, extracontractual, y a la reparación del daño causado. Tanto si existe lucro en la distribución del programa como si este es inexistente, el Cc recoge la reparación del daño causado siempre que por parte del vendedor o distribuidor existan dolo, culpa, negligencia o se contravengan las obligaciones que se tengan por el mero hecho de la venta o la distribución tanto si con ellas se lucra como si no.

Ahora bien, si el daño se produce por el propio reclamante o por personas de las que éste deba responder civilmente como son empleados o hijos en una incorrecta o mala utilización o instalación del programa, no podrá este reclamar nada. Y, aun concurriendo ésto último con la culpa, negligencia, dolo, etc... del vendedor o distribuidor, la reparación se disminuirá en la parte de daños de que deba responder el reclamante y aquellas personas de las que deba responder civilmente.

Observando con detenimiento la LCU y el Cc, ninguno dice que el servicio técnico por tiempo determinado o garantía por parte del vendedor o distribuidor de programa tenga que ser de forma gratuita por lo que puede hacerse cobrando una cantidad tanto si el programa se cede por una contraprestación o de forma gratuita. Ahora bien, si la garantía recogida en la LCU y el Cc en forma de reintegrar a la situación anterior a la producción del daño se configura como un servicio técnico no es posible pedir aquí contraprestación alguna.

5 Programas de Ordenador y Dominio Público

Si se desea que los programas de ordenador puedan ser utilizados por cualquier persona sin necesidad de autorización por parte del autor, deben encontrarse integrados dentro del dominio público como bienes incorporales.

Los llamados bienes de dominio público del Estado se encuentran dentro del patrimonio del mismo como afectos al uso general o al servicio público. En el uso general, a tenor de la GPL, podemos incluir los programas de ordenador distribuidos bajo la misma.

Que estos programas pasen a ser bienes de dominio público se consigue por varios medios, concretamente por dos recogidos en el artículo 19.3 y 4 de la Ley del Patrimonio del Estado que recogen la posibilidad de la donación de estos bienes y de la prescripción de los derechos que el autor tenga sobre ellos respectivamente.

Para realizar la donación es necesaria la participación de un fedatario público (notario) ya que las donaciones han de hacerse mediante escritura pública siempre. Este medio es costoso tanto en tiempo, papeleo y dinero.

La prescripción de derechos se recoge en el artículo 41 de la LPI además del 19 de la Ley de Patrimonio del Estado; dicho artículo 41 recoge que “la extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al domino público”; y en su párrafo segundo declara que las obras de dominio público pueden ser utilizadas por cualquiera dentro de los límites marcados por los puntos 3 y 4 del artículo 14 LPI referidos al respeto de al autoría e integridad de las obras en cuanto no perjudique los intereses del autor o menoscabe su reputación. Queda claro que si el autor mismo ha distribuido su obra bajo GPL, sus intereses no se ven perjudicados por la modificación que pueda hacer cualquier persona, siempre respetando la integridad de la obra.

La extinción de los derechos de explotación tiene plazos distintos según sea una persona jurídica o física el titular de esos derechos. En el caso de las personas físicas esos derechos de explotación durarán “toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento” (art. 26 LPI) si se trata de una obra colectiva, los setenta años contarán desde el fallecimiento del último coautor sobreviviente (art. 28.1 LPI); para las personas jurídicas titulares de derechos de explotación la protección de dichos derechos también será por setenta años que “contarán desde el uno de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o de su creación si no se hubiera divulgado” (art. 98 LPI)

En el caso de obras anónimas o seudónimas, y obras colectivas, los derechos de explotación durarán “setenta años desde su divulgación lícita” (art. 27.1 LPI).

Debemos tener algo en cuenta: según el artículo 99 Ley de Patrimonio del Estado la utilización de los llamados bienes incorporales (categoría en la que se incluyen los programas de ordenador dada su naturaleza) que sean parte integrante del domino público como consecuencia de la aplicación de su legislación especial (LPI en nuestro caso) no devenga derecho alguno en favor del Estado; es decir, no es necesario satisfacer cantidad alguna al Estado por la utilización de estos bienes incorporales de dominio público.

6 Obligación de contratar en un sentido.

En algunos puntos de la GPL se recoge la obligación de distribuir bajo las condiciones de la misma las modificaciones de los programas distribuidos a su vez bajo su protección; ésto, en principio, puede interpretase como una obligación de contratar en un sentido determinado que debe ser contrastado con la libertad para contratar recogida en el Cc. Éste, en su artículo 1255 declara que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios ni a las leyes, a la moral, ni al orden público” .Como puede leerse en este artículo del Cc, siempre que no sean contrarias a las leyes, la moral ni el orden público, las limitaciones recogidas en la GPL son reconocibles conforme el derecho español, por lo que esta obligación queda descartada en una lectura posterior y detenida tanto de la GPL como del presente artículo.

7 Conclusión

Como punto final declarar que, a la vista de todo lo ya expuesto, llegamos a la conclusión de que la GPL es perfectamente utilizable en el derecho español, siempre bajo la tutela de la LPI, la LP y demás leyes que al respecto se promulguen o modifiquen.

8 Bibliografía

Cc Real Decreto de 24 de Julio de 1889 ordenando la publicación en la Gaceta de Madrid de la edición reformada del Código Civil.

LP Ley de Patentes y Marcas.

LCU Ley de Consumidores y Usuarios.

LPE Decreto 1022/1964 de 15 de Abril, Ley Patrimonio del Estado.

LPI Real Decreto legislativo 1/1996 de 12 de Abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.